Conflictos socioambientales y el proyecto minero "Las Bambas" en el Perú. Estudio de caso de las protestas

CONTENIDO

Introducción

CAPÍTULO I
1. Conflictos socioambientales en tiempos de globalización
1.1. El conflicto socioambiental
1.2. Conflicto y violencia: la radicalización de las protestas
1.3. La criminalización de las protestas
1.4. El extrativismo en la globalización y el poder postcolonial

CAPÍTULO II
2. La minería en el Perú
2.1. Una mirada a la historia de la minería en el Perú
2.2. La minería desde siglo XX y el desarrollo económico para el país
2.3. El impacto negativo de la minería desde la Colonización

CAPÍTULO III
3. Comunidades campesinas y el rol de las organizaciones sociales
3.1. El Convenio 169 y el derecho de las comunidades campesinas
3.2. El rol de las organizaciones sociales que defienden derechos indígenas

CAPÍTULO IV
4. Diseño de la investigación
4.1. Justificación
4.2. Metodología de la investigación
4.3. Planteamiento del problema
4.4. Las hipótesis
4.5. Los objetivos

CAPÍTULO V
5. Estudio del caso: El conflicto socioambiental de Las Bambas
5.1. El escenario: Apurímac
5.2. El proyecto minero Las Bambas
5.3. Los actores del conflicto
5.3.1. La empresa
5.3.2. Las autoridades estatales
5.3.3. Las organizaciones sociales
5.3.4. Las comunidades campesinas
5.4. El desarrollo del conflicto
5.4.1. Los primeros rechazos al proyecto minero
5.4.2. Las protestas del 28 de septiembre del 2015
5.4.3. Las protestas del 14 de octubre del 2016
5.5. El escenario actual

6. CONCLUSIONES

7. Referencia bibliográfica

8. Páginas de internet

9. Anexos:

Introducción

La explotación a gran escala de los ricos recursos minerales que posee el Perú es atraída por empresas nacionales y transnacionales que ven en ella una enorme oportunidad para hacer fortuna. Obviamente nadie apostaría por proyectos de actividades extractivas de gran envergadura sin beneficiarse enormemente de ellos. El que también se beneficia es el gobierno peruano por la contribución económica que brinda el sector minero a ese país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), la economía peruana creció 3.7% en el 2016 siendo los sectores minería e hidrocarburíferos que más aportaron a dicho crecimiento.

Las actividades mineras pueden proporcionar beneficios económicos a las poblaciones adyacentes al proyecto minero, pero también pueden generar impacto social y medio ambiental que conlleven al surgimiento de conflictos socioambientales. Esto se demuestra en las informaciones de la Defensoría del Pueblo, quien entre enero y diciembre del 2017 registró un total de 256 conflictos sociales en todo el territorio peruano, de los cuales el 66.4% fue de tipo socioambiental, relacionado mayormente a las actividades mineras.

Algunos casos de conflictos ocurridos en el Perú, que contraponen a comunidades nativas o campesinas con empresas mineras, se han expresado en acciones radicalizadas de protestas, el cual están caracterizados comúnmente por bloqueo de vías principales, toma de espacios públicos y privados, enfrentamientos violentos. Paralelo a estas medidas de fuerzas violentas, emergen voces del oficialismo y de sectores importantes de opinión pública que parecen recurrir a un mismo discurso, el cual embellece las ‘bondades’ de la minería y criminaliza a los actores de la protesta sin dar mayor prioridad al por qué de la misma.

Estas dinámicas sociales responderían a una variedad de premisas que serán analizadas en esta investigación cuando presentemos nuestro estudio de caso.

El presente trabajo expone el caso del conflicto socioambiental que surgió en el 2003 por el megaproyecto minero Las Bambas considerado el más importante de la historia Republicana del Perú. El proyecto minero para extraer cobre ocupa zonas de varias comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) en donde la mayoría de sus pobladores son quechuahablantes, se dedican a actividades agrícolas y ganadería por lo que sus fuentes principales de trabajo son la tierra y el agua de los ríos y lagos. Las dos provincias apurimeñas se encuentran en la parte Sierra del Perú en donde según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2017), se registran altos índices de pobreza y pobreza extrema.

Nuestro trabajo de investigación se centra en analizar las protestas que brotaron de este conflicto en el 2015 y 2016 los cuales dejaron cuatro pobladores muertos, decenas de heridos, varios detenidos y actores sociales que hasta hoy mantienen procesos judiciales por su participación en las protestas.

Se ha tomado este caso por las siguientes razones: es un proyecto minero de gran envergadura; las empresas accionistas son en su mayoría chinas; los grupos sociales afectados son comunidades campesinas; es uno de los conflictos socioambientales de larga duración (desde el 2003 hasta la actualidad) y ya se ha expresado en acciones radicalizadas de protestas. Hasta la fecha, enero 2018, el conflicto sigue activo y se encuentra enumerado en el Informe de la Defensoría del Pueblo.

Respecto a los estudios existentes sobre el conflicto de Las Bambas se menciona a continuación algunas investigaciones que han servido como referencia para el presente trabajo. Cuadros et al. (2005) publican Mapeo de la situación social e institucional del proyecto Las Bambas en el que realizan un diagnóstico de la situación social e institucional en la que se encontraban (hasta esa fecha) las poblaciones apurimeñas frente al proyecto minero.

Gouley (2005) presenta Conflictos mineros, interculturalidad y políticas públicas: El caso Las Bambas, provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apuríma c en el cual hace un análisis del conflicto desde una perspectiva intercultural destacando que el factor cultural juega un papel fundamental en numerosos conflictos en la era de la globalización.

En ese mismo año, la Agencia de Promoción a la Inversión Privada (2005) publica Las Bambas: un modelo de desarrollo sostenible el cual es un informe de las actividades (proyectos agropecuarios, implementación de computadoras, introducción de programas de capacitación en diferentes rubros, etc.) que se realizaron entre el 2003 y 2004 en comunidades campesinas de Apurímac con la finalidad de crear un clima propicio para hacer viable el apoyo al proyecto minero y, además, reestablecer la presencia del Estado en esas zonas olvidadas.

De Echave et al. (2009) en Minería y conflicto social analizan seis conflictos que surgieron a propósito de las actividades mineras, entre ellos, el de Las Bambas: un megaproyecto en una nueva región para la minería donde presentan los principales factores que incidieron en el desarrollo del conflicto. Realizando una comparación de los seis casos, los autores apuestan por la teoría de la transformación del conflicto, la que defiende que los conflictos mineros no pueden ser resueltos, sino tan solo transformados; y proponen ubicarlos en un nuevo terreno común donde todos los actores involucrados puedan tener cabida y donde todos sientan que sus intereses son tomados en cuenta.

Moreno (2014) en Minería, conflicto social y diálogo elabora una línea de tiempo de los principales episodios del conflicto de Las Bambas desde el 2007 hasta el 2011 y realiza un análisis basándose en tres aspectos: los actores, el problema y el proceso del proyecto. El Observatorio del Conflicto Minero en el Perú (2015) publica el informe Caso Las Bambas en donde se detalla las modificaciones que se realizó al primer Estudio del Impacto Ambiental al proyecto minero. Asimismo explica los posibles impactos ambientales que éste podría ocasionar a futuro.

Las mencionadas investigaciones se publicaron cuando el proyecto se encontraba en la etapa explorativa y de construcción. A partir del 2016 se empezó a explotar recursos minerales. Nuestra investigación analiza el conflicto desde los últimos trabajos de construcción (2015) del proyecto, enfocándose en los principales puntos críticos del conflicto hasta la situación en la que se encuentra actualmente.

El propósito de la investigación no es buscar una solución definitiva al conflicto que se encuentra activo desde hace aproximadamente quince años, sino de conocer todos los posibles factores que han influenciado para que el conflicto se conduzca al desborde de las protestas y, con ello, de demostrar cómo éstas son sometidas a un repetitivo discurso de criminalización en un escenario en donde, por un lado, se encuentra un megaproyecto minero tan millonario y, por el otro, un conjunto de comunidades campesinas tan pobres y ‘olvidadas’ del país. La presente tesis consta de cinco capítulos.

Los tres primeros capítulos son los que conforman el marco teórico en donde se presenta nociones sobre todos los temas que se van a incluir en nuestro análisis de estudio de caso; el conflicto socioambiental, la radicalización y la criminalización de las protestas, las concepciones sobre violencia, la importancia de la minería para el desarrollo de un país con un modelo económico neoliberal, el impacto de la minería en el medio ambiente y la salud humana, el derecho a consulta previa para las comunidades campesinas y el rol de las organizaciones sociales que velan por los derechos de las comunidades nativas y campesinas.

En el cuarto capítulo se presenta la metodología de investigación cualitativa a la que hemos recurrido para analizar el caso de Las Bambas. Aquí se detalla la justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos principales y específicos de nuestra investigación.

El quinto capítulo analiza el caso del conflicto socioambiental de Las Bambas. Se presenta los principales acontecimientos ocurridos desde que se puso en marcha el proyecto minero hasta la actualidad. Además, se analiza algunos discursos políticos que criminalizan a los actores sociales que participaron en las protestas ocurridas en septiembre del 2015 y en octubre del 2016.

CAPÍTULO I

1. Conflictos socioambientales en tiempos de globalización

1.1. El conflicto socioambiental

La mayoría de los conflictos socioambientales que se registran en el Perú está vinculada directamente a las actividades de extracción de recursos minerales. Esto se evidencia en el informe de la Defensoría del Pueblo¹ que durante el 2017 registró un total 256 conflictos sociales en todo el territorio peruano, de los cuales el 66.4% fue de tipo socioambiental, relacionado mayormente a las actividades mineras. Es por eso que los conflictos de esta naturaleza también son conocidos en la lectura peruana como conflictos mineros (Gouley, 2005; Ormachea, 2005; De Echave et al., 2009).

Algunos autores han introducido diferencias entre ‘conflicto ambiental’ , el cual opondría a autores exógenos (activistas de organizaciones ambientales), al Estado y empresas, y ‘conflicto socioambiental’ el cual además de los actores mencionados implicaría a comunidades directamente afectadas por un proyecto de extracción de recursos naturales (Walter, 2009, p. 2).

Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales en el Perú giran en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos e involucran a componentes políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, esta noción podría caer en lo que Fontaine denomina “padecimiento de la influencia, a veces sofocante, de la teoría económica” al argumentar que “muchos análisis ven al conflicto socioambiental como una lucha por el acceso a recursos escasos (...) y consideran que la satisfacción de las necesidades de orden cultural, ambiental o social está subordinada a la de las necesidades económicas y materiales (Fontaine, 2004, p. 518).

Raphael Hoetmer coincide con Fontaine, al indicar que:los conflictos socioambientales no solo se reducen a temas vinculados al control de los bienes comunes, sino que “reivindican el carácter territorial (lo cual implica la integralidad de los espacios en disputa, que va más allá de cuestiones ambientales), y tienen un carácter histórico y político (se trata de una disputa sobre modos de vida, no de simples conflictos de intereses) ” (Hoetmer, 2013, p. 267).

Por otro lado, algunos autores consideran que los conflictos de esta naturaleza se desprenden de múltiples incompatibilidades entre sistemas de producción y modos de uso de los recursos naturales; entre diferentes concepciones del desarrollo deseable; entre necesidades y aspiraciones diferentes de sociedades locales, del Estado y de las empresas, e involucran muchos otros factores (De Echave, Diez, Huber, Revesz, Lanata, Tanaka, 2009, pp. 10-11) que nos conducen a la afirmación de que “no existe un conflicto ambiental sin dimensión social” (Fontaine, 2004, p. 506).

René Orellana (1999) en Aproximaciones a un marco teórico para la comprensión y manejo de conflictos socioambientales realiza una minuciosa reflexión sobre la noción de un conflicto socioambiental que según su percepción forma parte de dinámicas mucho más complejas, en las que se ven implícitas muchas más variables.

Orellana parte de la idea de que el hombre produce concepciones, valoraciones y percepciones sobre la naturaleza (recursos naturales y medio ambiente) y de sí mismo dentro de ella. Estas ideas respecto a la naturaleza conformarán un ‘mundo ideológico’, el cual es creado y recreado por sociedades (Orellana, 1999, p. 90). A este ‘mundo ideológico’, le denomina 'nivel ideológico y cultural de las sociedades', que a su vez se traduce en dos niveles: nivel normativo y nivel operacional.

El nivel normativo está formado por normas que pueden ser tradicionales (responden a sociedades que producen un conjunto de reglas que guían sus acciones) o formales (responden a normas dictadas por un poder institucionalizado: el Estado). El nivel operacional está relacionado con prácticas de uso, acceso y manejo y/o explotación de la naturaleza. Dentro de los tres niveles (ideológico, normativo y operacional) se mueven dos variables: intereses y necesidades.

Tras definir estos tres niveles, el autor afirma que “si un problema ambiental afecta a grupos sociales e involucra a actores responsables; y si estos colisionan en términos de intereses y necesidades, se va a producir un desencuentro, una disputa... un conflicto socioambiental” (Orellana, 1999, pp. 90-92).

Por lo tanto, desde la perspectiva de Orellana, los conflictos llamados socioambientales implican problemas de poder de diferente escala de gestión del espacio y sus recursos ambientales; involucran procesos de gestión en la medida en que revelan situaciones de usufructo, explotación de recursos, pero también implican propiedad y posesión de tierra y percepciones de calidad de vida (Orellana, 1999b, p. 334).

Las explicaciones teóricas de Orellana pueden ser aplicables a nuestra investigación y es que cuando surge un conflicto que gira en torno a problemas ambientales, sobre todo en un país tan multicultural como el Perú, aparecen otros elementos articulados a la cuestión ambiental, los cuales tienen que ver con el impacto que producen las actividades extractivas en las sociedades (háblese de comunidades nativas y campesinas) que tienen otras formas de concebir a la naturaleza y sus recursos así como -muchas de ellas- sus propias normas tradicionales y prácticas culturales.

1.2. Conflicto y violencia: la radicalización de las protestas

Todo conflicto implica necesariamente dos o más personas, grupos, clases o naciones (Parra, 2016, p. 49). Cuando el conflicto transciende lo individual o grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad, pasa a ser un conflicto social (Coser, 1969, p. 9).

Las teorías modernas de los conflictos sostienen que éstos no son ni buenos ni malos, sino que son sus efectos los que determinan que sea un hecho positivo o negativo (Parra, 2016, p. 49) Esta premisa se basa en dos perspectivas básicas: “una ve al conflicto como problema o déficits en la sociedad asociándolo con atributos negativos (como hostilidad o daño) y otra lo ve como un potencial productivo que puede iniciar un cambio social, promover procesos de aprendizaje o crear algo nuevo”² (Auer, 2011, p. 26).

Para Calderón (2009) una teoría de conflictos no sólo debe reconocer si éstos son buenos o malos, sino también ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, criterios científicos para analizarlos, así como metodologías para transformarlos.

Siguiendo esa línea, algunos autores se apoyan en la teoría del sociólogo noruego Johan Galtung en cuanto a que los conflictos no se solucionan, se transforman³.

Además, Galtung asegura que “una teoría de conflictos necesita una teoría de violencia”. Esta afirmación estaría basada en dos constantes: 1) La violencia vista como el fracaso en la transformación de conflictos y 2) La violencia como el motor de las reservas de energía que pueden ser utilizadas para fines constructivos, no solo para fines destructivos. No son fracasos del todo, son también oportunidades (Galtung, 1998, citado en Calderón, 2009, p. 74).

La violencia como oportunidad, a la que se refiere Galtung, puede verse reflejada en las estrategias de las protestas cargadas de violencia para buscar soluciones a sus demandas. Nos referimos a ello, porque en las últimas décadas se ha vuelto frecuente observar en el escenario peruano a las acciones colectivas de protestas con un toque ‘violento’ que se vuelven atractivas para los medios de comunicación despertando la atención de los demás, sobre todo a los que va dirigido las demandas (en la mayoría es el Estado). Esto respondería a lo que Erlt (2015) sostiene: “Cuanto más espectacular es una acción de protesta, mayor es la atención y, por lo tanto, mayores son las posibilidades de éxito de la protesta”⁴.

Esta información se evidencia además, en un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo el cual revela que el 51% de los peruanos encuestados cree que recurrir a las acciones de protestas violentas es casi siempre un método efectivo para llamar la atención del Estado sobre sus demandas. Asimismo, el estudio demuestra que de 299 casos de diálogos que se desarrollaron entre 2009 y 2015, el 66.6% se inició después de hechos de violencia (Defensoría del Pueblo, 2017b, pp. 99-100).

Volviendo a las fórmulas teóricas de Galtung (2003, citado en Calderón, 2009), el autor sostiene que la violencia tiene una triple dimensión: directa, estructural y cultural. Según sus explicaciones, la violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente de esta y su manifestación puede ser por lo general física, verbal psicológica. La violencia estructural se trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. La violencia cultural son aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experiencia (materializado en la religión, ideología, lengua, ciencias empíricas y formales, símbolos, etc.), que puede utilizarse para justificar o legitimar la violencia directa o estructural (Galtung, 2003b, citado en Calderón, 2009, pp. 74-75).

Tobar (2013) agrega que la violencia estructural también puede ser entendida como la injusticia social que hace que sectores de la población no puedan alcanzar su desarrollo potencial porque no tienen acceso a los recursos ni poder para decidir sobre su distribución.

Entendido así, la violencia es uno de los principales problemas que presenta la sociedad y se ha manifestado a lo largo de la historia de diferentes maneras. Además, se han desarrollado diferentes concepciones de violencia para que su entendimiento y aplicación ante determinados acontecimientos sea procedente (Parra, 2016, p. 76). Un concepto mundial señala que “la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad”⁵.

Dado que puede haber violencia sin conflicto y conflicto sin violencia (Calderón, 2004, p.74), esta aparece en las protestas radicalizadas como bloqueo de carreteras y vías públicas, toma a la fuerza de locales públicos o privados, uso de armas letales y enfrentamientos. Artese (2011) se refiere a estas acciones como lo novedoso de los repertorios que forman parte de los formatos o herramientas utilizadas en las manifestaciones y que responden al cómo de la acción.

En esta misma línea, Artese argumenta que los sujetos con motivaciones y objetivos similares y con la construcción de determinados lazos sociales plasmarían una identidad que es la que define a las protestas (Artese, 2011, p. 110). Esta noción fue tomada por el autor para rastrear el por qué de ciertas acciones colectivas de protesta.

En cuanto a las acciones violentas en las protestas, la socióloga peruana María Isabel Remy se refiere a una forma de participación ciudadana conflictiva: cuando los caminos institucionales se cierran; la gente necesita bloquear una carretera, levantarse, ir a un paro (citado en Hoetmer et al., 2013, p. 352).

Por otro parte, en La protesta social en América Latina, coordinado por Calderón Gutiérrez se ha dividido tres grupos de protestas: enunciativas, manifiestas y confrontativas a fin de entenderlas y presentir una crisis conflictiva. La enunciativa es la expresión verbal del malestar y responde a las acciones más comunes y generalizadas de protestas. Las manifiestas son aquellas que implican el rechazo de una medida específica y se tranforman en acciones de protestas directas. Las confrontativas son las más radicales, que ocurren con menos frecuencia y solo cuando el conflicto llega a niveles de radicalización altos o medios-altos: toma de instalaciones, rehenes (Calderón Gutiérrez, coord., 2012, p. 136-137). En este nivel de radicalización es en donde imperan las fuerzas violentas.

En los dos primeros niveles (enunciativas y manifiestas) puede haber un control del conflicto o mejor dicho una prevención de una protesta radicalizada. Sin embargo, y de acuerdo a las experiencias de los casos de protestas violentas, es recién en el nivel ‘confrontativo’ cuando el Estado hace un llamado al diálogo. Es por ello que para algunos autores “una falta de mecanismos confiables para dialogar y resolver los problemas y la falta de preparación de las partes para la negociación, fomentan que la población opte por la movilización en sus diferentes formas: paros, toma de carreteras, toma de instalaciones, marchas, interrupción de audiencias” (Chaparro, Scurrah y Bebbington, 2013, p. 394).

Moseley y Moreno (2010) sotienen que en muchos países de América Latina las protestas han pasado a desempeñar un papel importante en los esfuerzos de los ciudadanos para influir en las acciones y políticas gubernamentales, junto con otras formas más institucionalizadas de participación. “Este modo de expresión es capaz de crear inestabilidad, y de que en ocasiones puede llevar a un país al caos político” (Moseley y Moreno, 2010, p. 6), pero también pueden llevar a tomar decisiones ‘constructivas’ que llamen al diálogo y búsqueda de soluciones.

Por lo tanto y ante lo expuesto, se puede confirmar que los conflictos no son necesariamente destructivos ni fundamentalmente negativos (Schrader, 2012, p. 13). Por el contrario, son un acompañamiento inevitable de la convivencia en todas las sociedades, necesario para el cambio social (Ropers, 2002, p. 11).

1.3. La criminalización de las protestas

Existen voces desde algunos sectores políticos y económicos que critican y desvaloran a las organizaciones ambientalistas y movimientos sociales, los cuales se oponen a las actividades mineras. Discursos como los siguientes:

“Por un lado, existen organizaciones que creen en la posibilidad de una minería moderna, limpia y respetuosa del medio ambiente y juegan un papel articulador de intereses entre minería y comunidad. Por el otro, se encuentran organizaciones antimineras o anticapitalistas que creen que la actividad minera es esencialmente incompatible con la agricultura y genera pobreza” (De Althaus, 2008, pp. 197-198).

“Recientemente han proliferado movimientos regionales financiados por ONGs europeas y americanas que con agendas políticas y la exacción de dinero de los inversores, manipulan a poblaciones empobrecidas llegando a la violencia y formas de acción profundamente antidemocráticas” (Bustamante, 2013).

“Una de las mayores causas de los conflictos sociales relacionados con la minería en los últimos años se debe a una mayor presencia de instituciones organizadas opositoras a la minería como organismos no gubernamentales (ONGs) de carácter ambiental y partidos de izquierda radicales establecidos en las zonas de influencia de la actividad minera” (LarrainVial, 2012, p. 92)

El Perú es un país al que Dios ha señalado como país minero y ponerse en contra de ese designio es luchar en vano (Alan García, expresidente del Perú, 20 de julio de 2007)⁶

“Tenemos información que viene desde algunos años atrás de que hay grupos mineros, grupos violentistas antimineros, que no desean que progrese la minería en el país, que no progrese en general el país (porque parte del crecimiento y parte del desarrollo del país es del sector minero). Y estos grupos se movilizan de un lugar a otro tratando de llevar sus consignas violentistas que nosotros con todo autoridad la vamos a rechazar” (Salomón Lerner, primer ministro del expresidente Humala (2011-2016))⁷

Así como De Althaus, Bustamante y LarrainVial existen otros discursos, incluso los que provienen desde el propio Estado, que discriminalizan a las organizaciones sociales que se oponen a las actividades extractivas llegando a afirmar que “detrás de estos movimientos hay líderes radicales cuyo propósito es posicionarse políticamente a nivel nacional” (Silva, 2013, p. 435) o grupos políticos de la izquierda que quieren desestabilizar el país promoviendo luchas violentas en contra del crecimiento por sector minero.

En este espacio es importante recalcar el fenómeno actual de calificar de ‘rojo’ (terruco} a todo aquel que apoya o participa en acciones de protestas cargadas de violencia. Se dice que el color rojo es asociado con el terrorismo en el Perú, y se denomina ‘terruco’ a la persona vinculada a ello, incluso, en el escenario político se ha visto a personas públicas que asocian al terrorismo con los grupos de la izquierda⁸ y con quienes supuestamente promueven protestas ‘revoltosas’. Estos ataques forman parte de una visible criminalización de la protesta que trataremos más adelante.

Es particular observar que cuando se registran hechos violentos durante las protestas, se discute en los medios de comunicación muchas veces sobre las acciones violentas que viene de parte de los manifestantes, pero casi nunca se habla de la violencia ‘política’ del Estado, representada por la fuerza policial y militar que hacen el uso de las armas letales para ¿reprimir la violencia?, ni tampoco se presta mayor atención al por qué de las acciones radicalizadas.

Ante ello, se afirma que “el Estado peruano enfrenta las protestas de forma desproporcionada” y que “con métodos poco democráticos tales como la represión violenta sobre la base de normas que autorizan el uso desproporcionado de la fuerza, convenios que ponen a la Policía al servicio de empresas privadas, la participación de militares en los conflictos sociales y la aplicación excesiva de sanciones penales contra los que impulsan las protestas” (Saldaña y Salcedo, 2017, p. 318), los cuales responderían a los elementos que caracterizan a una criminalización a los movimientos sociales y, por ende, a las protestas.

Según Saldaña y Salcedo (2017), la criminalizadón de la protesta es un fenómeno multidimensional que consiste en el despliegue de acciones y discursos dirigidos a desaparecer y deslegitimar la disidencia política y calificando a los manifestantes como delincuentes, antisistema y, en el caso más radical, como terroristas.

Los autores explican que la actuación estatal excesivamente represiva contra los ciudadanos que participan en protestas podría encontrar sus razones en la captura del Estado por parte de élites económicas capitalistas, y en la influencia de las potencias mundiales y de los organismos financieros internacionales a través de tratados y normas constitucionales que han consagrado la defensa del mercado y del interés privado al más alto nivel normativo (Saldaña y Salcedo, 2017, p. 317).

De igual manera, Vásquez (2013) en La criminalización de la protesta como estrategia de desarticulación del movimiento social en el Perú evidencia una política criminalizadora de la protesta social y los movimientos sociales que -según señala- tiene sus antecedentes más visibles en el gobierno de Fujimori, en el que se dictaron normas represivas contra movimientos y líderes sociales, bajo el aparente propósito de luchar contra el ‘terrorismo agravado'.

Según la reflexión de Vásquez, paralelo a la explotación de recursos naturales se ha experimentado el incremento de la criminalización de la protesta social y esto respondería a que “las corporaciones exigen mayores garantías para la inversión y es a este Estado al que le toca otorgárselas, disuadiendo a todo aquello que amenace el nuevo orden” (Vásquez, 2013, p. 417). En esa línea la autora enfatiza:

“Sin duda, el gobierno de Alan García ha sido el que más abierta cercanía ha tenido con los grupos económicos y, consecuentemente, ha sido el más confrontacional y agresivo con los movimientos sociales, especialmente con los de defensa del medio ambiente y los grupos sindicales, a quienes no dudó en calificar de «perros del hortelano», «enemigos de la patria» o «antidesarrollo». Alan García (2006-2011) generó un vasto conjunto de normas jurídicas de criminalización y neutralización y no escatimó en el uso indiscriminado de la fuerza pública, la militarización de zonas en conflicto y la utilización de leyes contra autoridades locales comprometidas en estas causas, entre otras medida que hasta hoy se siguen aplicando para aplacar y neutralizar al movimiento social” (Vásquez, 2013, p 417).

Por otro lado, es preciso indicar que a inicios del 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial el cual tiene como uno de sus principales objetivos atender los reclamos sociales, buscar soluciones a los conflictos sociales y evitar que las protestas se tornen violentas⁹. Como presidente de este viceministerio fue asignado Javier Fernandez Concha, abogado y exgerente de la empresa minera canadiense Sulliden-Shauindo que opera en Cajabamba.

Fernández Concha fue cuestionado por manifestar que en el Perú solo existían cinco conflictos sociales, cuando la Defensoría del Pueblo había registrado 217 en todo el país¹⁰. Además Concha propuso retomar el principio de autoridad anunciando los estados de emergencia como uno de los mecanismos privilegiados por la nueva estrategia para contrarrestar las protestas violentas (Observatorio de Conflictos Mineros, 2017, p. 8).

Cabe resaltar que en el 2016 el gobierno de Kuczynski dictó una nueva Ley de la Policía del Perú (Decreto Legislativo 1267) que, entre en sus líneas, indica que “la Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”¹¹. Según el 40° Observatorio de Conflictos Mineros (2017) esta ley le da facilidades a las empresas mineras para que realicen Convenios de Seguridad con la Policía a fin de que estos guarden seguridad a las empresas mineras cuando aparezcan protestas.

Ante todo lo expuesto, Vásquez (2013) asevera que “la criminalización y persecución legal de movimientos sociales y sus líderes es vista cada vez más como una política acertada para combatir aquello que se presenta como un peligro para los Estados” y advierte que “en esta estrategia criminalizadora tratan a los actores sociales como criminales y hay una pretensión clara de convertirlos legalmente en delincuentes para lograr eliminarlos de la escena político-social”.

1.4. El extrativismo en la globalización y el poder postcolonial

Es inevitable refutar que las millonarias empresas transnacionales que explotan recursos minerales necesitan obviamente de esos recursos para seguir expándiendo sus riquezas. Volvemos a repetir, el Perú posee nichos de recursos naturales y minerales en grandes magnitudes que aún están por explorar y explotar.

Desde hace décadas, los diferentes gobiernos peruanos vienen insertando en la economía nacional un modelo económico neoliberal que se ajustan a las demandas de las empresas transnacionales que exigen más y más recursos naturales y minerales. Entonces lo que se ve en el escenario económico, son convenios o mejor dicho negociaciones entre el Estado peruano y empresas mineras para que exploten recursos naturales y minerales.

Sin embargo, estas negociaciones en nuestros tiempos de globalización impactan en los grupos sociales que habitan alrededor de los focos territoriales donde abundan esos recursos. Este impacto puede traer acciones positivas que se complementan con las expectavivas de desarrollo para las poblaciones, pero también puede ocasionar efectos completamente adversos.

El impacto de la globalización mediante la acumulación capitalista articula campos de conflictividad especialmente cuando se dan situaciones de marcada desigualdad social. Calderón et al. (2011) aseguran que “la globalización es la nueva dinámica generadora de conflictividad, pues donde destruye empleos, empresas y programas sociales genera movilizaciones de protesta con una intensidad y consecuencias variables; mientras que donde crea empleos, empresas y programas sociales produce mayor gratificación social y, por ende, lealtad hacia sus sistemas políticos” (p. 32).

Una marcada desigualdad social se puede observar en campos de conflictos socioambientales en donde, por ejemplo, se explotan recursos que generan millones de dólares de ganancias, pero las poblaciones adyacentes a estos focos mineros permanecen en máximas condiciones de pobreza. Frente a una nítida desigualidad, Basto (2012) manifiesta que “la visión de un mundo globalizado orientado a una economía competitiva está exterminando culturas que terminan por ser desplazadas o sometidas a la pobreza, pese al capital que representa su entorno” (p. 233). Esta misma línea, Machado (2013) sostiene que:

“A través de los ‘tentáculos de la responsabilidad social empresarial’ las corporaciones que operan los mega-emprendimientos extractivos colonizan hasta los aspectos más íntimos de la vida de las comunidades; invaden la cotidianeidad de la vida y crean un imaginario estructurado desde la centralidad de dicha explotación” (pp. 72-73).

En ese contexto se suele referir a un “nuevo imperio global” (Joxe, 2002, citado en Escobar, 2005, p. 30) que mantiene el poder sobre las sociedades que fueron golpeadas por el colonialismo y que hasta nuestros días sigue en vigencia a través de un ‘modelo de acumulación de riquezas’, operando “entonces no tanto a través de conquista, sino a través de la imposición de normas; mercados libres, democracia estilo Estados Unidos, nociones culturales de consumo, entre otros” (Escobar, 2005, p. 29).

Estas normas que se dictan desde los gobiernos de turno peruano, con modelos de economía neoliberal, ya sea de cualquier partido político, favorecen a las grandes capitales extranjeros para explotar recursos minerales, tal como lo advierte Machado (2013) al señalar que:

“El extractivismo minero se extiende más allá de todas las jurisdicciones soberanas y atraviesa todas las fronteras ideológicas; el consenso minero unifica a todo el espectro variopinto de los oficialismos gobernantes en la región, desde los gobiernos de la derecha moderada y de la extrema, a los gobiernos (autoproclamados) ‘progresistas’, y aún a los revolucionarios” (p. 51).

Las nociones sobre el “nuevo orden global”, a los que se refiere Escobar, se complementa con la idea que tiene Aníbal Quijano respecto al “poder capitalista” en el nuevo orden global al cual denomina “colonialidad del poder” que “aún ejerce su dominio, en la mayor parte de América Latina, en contra de la democracia, la ciudadanía, la nación y el Estado-nación moderno” (Quijano, 2000). De este modo, se afirma que “el patrón de poder mundial que se conoce como capitalismo es, en lo fundamental, una estructura de elementos heterogéneos, tanto en términos de las formas de control del trabajo-recursos-productos (o relaciones de producción) o en términos de los pueblos e historias articulados en él” (Quijano, 2000).

Los sociólogos chilenos Sabatini y Sepúlveda (1996) sostienen que la acumulación capitalista significa una agudización de las presiones sobre los recursos naturales la cual provoca degradación, escasez y privaciones sociales; “todos los factores propicios para el desarrollo de conflictos” (citado en Walter, 2009, p. 4). Además se asegura que este modelo ecónomico neoliberal al acentuar la presión sobre los recursos naturales también desencadena procesos de degradación ambiental severos (Folchi, 2004, p. 80).

Más allá de las discusiones sobre las grandes economías que mantienen su poderío desde las ésferas políticas, que están incrustadas en los diferentes gobiernos de turnos acumulando las riquezas en ciertas ‘manos’, lo que se quiere resaltar es la degradación que estos cometen en contra de poblaciones vulnerables y su entorno ambiental, poblaciones que conservan sus prácticas culturales y mantienen una visión distinta a la de otro que, por así decirlo, se mueve en una ‘sociedad de consumo’.

CAPÍTULO II

2. La minería en el Perú

2.1. Una mirada a la historia de la minería en el Perú

La actividad de extracción de recursos minerales en el Perú, acompañado de la orfebrería y la metalurgía, se practica desde tiempos prehispánicos. Es claro observar la utilización de preciosos metales en utensilios cotidianos, ofrendas y materiales arqueológicos pertenecientes a culturas precolombinas. Se sabe, por ejemplo, que en la cultura Chimú, ubicada en la costa norte (1200-1400 d.c.), los antiguos peruanos practicaron la fundición de oro, plata y aleaciones diversas de cobre, en crisoles; y desarrollaron una industria ligada a esta actividad donde eran comunes los laminados, repujados y soldaduras (Merino, 2002, p. 369).

Antes de la llegada de los españoles, se tiene conocimiento de la existencia de una técnica inca: huayran, pequeños y sencillos hornos de piedra u adobe para fundir los minerales. “Es un hecho incuestionable la importancia que revistió la actividad minera en el incario, y más aún el apreciable nivel técnico alcanzado en el campo de la metalurgia con métodos propios que en algunos casos fueron adoptados por los hispanos” (Velásquez, n.d., p. 2)

En las lecturas sobre historia del Perú se da cuenta que cuando los españoles llegaron a América se vieron asombrados por la cantidad de ricos recursos minerales que poseían sus suelos. Existen registros de que las primeras explotaciones mineras españolas se iniciaron en 1537, es decir apenas cinco años después de iniciada la Conquista. Las dos minas más importantes de la colonia (Potosí y Santa Bárbara) se inician en plena etapa de la Conquista (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 129).

Se da cuenta de que la explotación en Potosí adquirió importancia a partir de la adopción de la nueva técnica de amalgamación con azogue, hecho que se vinculó al descubrimiento de las minas de Huancavelica en 1566, uno de los acontecimientos que señalaron la gran expansión de la minería colonial (Velásquez, n.d., p. 6).

Durante el virreinato se instaló un tribunal de minería en Lima en 1787, el cual hacía préstamos para financiar proyectos mineros y recibía un real de cada marco de plata registrada (Fischer, 1979, p. 60). Por los años 1788, la corona española apoyó la llegada al Perú de una expedición mineralógica del Barón de Nordenflicht, acompañado de un grupo de quince especialistas alemanes, a fin de modernizar la minería en el nuevo mundo (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 39). Más adelante, los efectos de la rebelión de Tupac Amaru y de manera mas significativa, las guerras entre España e Inglaterra en la misma época que cortaron los embarques de mercurio de Europa, tuvieron un efecto depresivo en la primera parte de la década del 1780 (Fischer, 2016, p. 58).

A inicios de la República, la actividad minera se encontraba en una profunda crisis. Samamé (1986, citado en Ministerio del Ambiente, 2016) refiere que el Virreinato del Perú todavía no había logrado recuperarse del todo de los efectos del levantamiento de Túpac Amaru y de los sucesivos levantamientos posteriores. Sin embargo, años posteriores se enmarca un periodo en que con los ingresos de la propiedad del guano se empieza a gastar dinero en la ciencia, la exploración, el desarrollo y explotación de las posibilidades del país (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 138)

Por aquellos años, el gobierno contrata al científico italiano Antonio Raimondi para que realice proyectos de exploración en todo el territorio peruano. Segun el Ministerio del Ambiente (2016), Raimondi prestó principal interés a los recursos naturales identificando en la sierra minerales metálicos y las minas de carbón; en la vertiene oriental presta atención a los lavaderos de oro de Carabaya y Sandia sobre los cuales concluye:

“De todas las regiones auríferas del Perú la más célebre es, sin duda, la que comprende las provincias de Sandia y Carabaya, y si esta privilegiada parte del Perú no ha dado sino una muy pequeña porción de las riquezas que contiene, no es debido, a la falta de oro agua para su beneficio, sino a la de hallarse situada en el más apartado rincón de la república y a la falta de vías de comunicación” (Raimondi, 1877, p. 158, citado en Ministerio del Ambiente, 2016, p. 64).

Lo anterior deja en evidencia el gran interés de los conquistadores y sus herederos por explotar los ricos recursos minerales a lo largo de la historia peruana. Hoy ya no solo existen adecuadas vías de acceso que conducen a los yacimientos mineros sino también vías legales que facilitan la inversión de la minería en todo ese país.

2.2. La minería desde siglo XXy el desarrollo económico para el país

A partir del siglo XX el gobierno peruano ha ido facilitando herramientas legales para beneficiar al sector minero (la promulgación del Nuevo Código de Minería en 1903, la creación del Banco Minero en 1942). En 1970 el gobierno de Juan Velasco Alvarado expropió todos los yacimientos mineros no explotados en el país y creó la empresa estatal Minero Perú el cual se encargaría de controlar los yacimientos mineros en el marco de una Ley General de Minería.

No obstante, el gobierno de Belaúnde creó una nueva Ley General de la Minería que buscaba retraer la actividad minera estatal reconociendo la necesidad de impulsar la inversión privada extranjera. En 1982, a causa de la nueva ley, se expropió de sus tierras a miles de pobladores de comunidades campesinas y fueron entregadas para operaciones extractivas. Según reflexiones de Borda (2013) “esa expropiación sufrida por las comunidades campesinas marcó profundamente la imagen que estas fueron construyendo sobre el Estado, este empezó a verse como un actor distante, que lejos de ser un representante legítimo de los intereses comunales, se constituía en un agresor” (pp. 321-322).¹²

A partir de 1990 el gobierno de Fujimori inició una agresiva política estatal de promoción de la inversión privada en el sector minero, que incluyó un nuevo marco legal y la privatización de empresas públicas. En 1992 se dio inicio a un nuevo ciclo de expansión de la explotación de los recursos naturales en el Perú, facilitado por las profundas reformas neoliberales que impuso el gobierno de Fujimori (De Echave (coord)., 2009, p. 13).

Actualmente el Perú ofrece un marco legal estable y favorable para la inversión privada y la inversión minera en particular (LarrainVial, 2012, p. 83). Esto ha llevado al incremento de la entrega de consesiones extractivas a empresas transnacionales activando, de esta manera, un boom minero¹³ en el territorio peruano.

El desarrollo de las actividades mineras en el Perú está sujeto a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería y sus reglamentos. Según esta norma, las actividades mineras deben realizarse exclusivamente bajo el sistema de concesiones (LarrainVial, 2012, p. 86). Significa que las empresas mineras deben operar en cumplimiento de los estándares ambientales y con la fiscalización de las instituciones correspondientes.

Hoy por hoy la minería aporta al crecimiento económico del país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas del Perú¹⁴, la economía peruana creció 3.9% en el 2016 y 2.5% en el 2017 siendo la minería el sector que más aportó a estos crecimientos (La República, 16-02-2017).

El sector minero es la principal fuente de generación de divisas del país concentrando entre 50% y 60% de las exportaciones totales, que lo convierte como uno de los principales países mineros del mundo (LarrainVial, 2012, p. 15) , pero ¿a dónde llega a parar dichas divisas? Según LarrainVial, una parte se entrega directamente al Estado y otra (la mayor parte) se destina a gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y gobiernos locales), donde se ubican las operaciones mineras. Esas distribuciones se realizan mediante el “canon y las regalías mineras”¹⁵.

Por lo tanto se afirma que “la minería es una de las principales actividades económicas del país y representa un área muy atractiva para potenciales inversiones consolidándose como uno de los motores del crecimiento del Perú en las últimas décadas” (LarrainVial, 2012, p. 6). No obstante, la actividad minera también “tiende a concentrar las riquezas obtenidas en manos de unos pocos, genera economías de enclave el cual implica una profundización de las desigualdades sociales, una sobreexplotación de la naturaleza, y produce una economía vulnerable a los ciclos económicos” (Hoetmer et al., 2013, p. 20)

La información fue extraída del portal web Huella minera con el titular El boom minero del Perú, publicado el 20-05-2016 . Disponible en: http://huellaminera.com/2016/05/boom-minero-peru/ (Consultado 22-11-2017)

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¹ La Defensoría del Pueblo es un organismo peruano constitucionalmente autómono que supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Este organismo monitorea los conflictos en todo el Perú y mensualmente publica un informe de los mismos.

² En Auer, Shila (2011). Original: „Im Grunde existieren zwei Sichtweise auf Konflikte: die eine versteht sie als probleme oder als Defizite der Gesellschaft und assoziert sie demnach mit negativen Atributen wie Feindseligkeit oder Schaden (...). Eine zweite Perspektive geht jedoch davon aus, dass Konflikte auch ein produktives Potential haben und insofern sozialen Wandel einleiten, Lernprozesse fordern oder Neues kreieren konnen. Sie sind naturgegebene Bestandteile jeder menschlichen Beziehung und an sich weder negativ noch positiv zu bewerte“ (Traducción propia).

³ La teoría de transformación de conflictos sugiere que el diálogo es un paso fundamental para promover cambios constructivos esperados a diferentes niveles y propone una alternativa a los modelos de resolución de conflictos win-win, basados en la reformulación de los intereses y/o las percepciones (De Echave et al., 2009, p. 187). Asimismo, Rupesinghe (1995) considera que cuando el conflicto está resuelto, sus impactos siguen, por lo tanto es más apropiado pensar en términos de transformación de conflictos que de resolución de estos.

⁴ En Erlt, Sarah (2015). Original: “Je spektakularer eine Protestaktion, desto hoher die Aufmerksamkeit und desto gróber die Erfolgsaussichten des Protests” (Traducción propia).

⁵ Este concepto ha sido tomado de la Organización Mundial para la Salud y puede ser visto en el siguiente enlace: http://www.who.int/topics/violence/es/ (Consultado 07-02-2018)

⁶ El discurso del expresidente Alan García fue extraído de un artículo online El Economista publicado el 20-07-2007. Disponible en: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/249288/07/07/Alan- Garcia-estima-que-Peru-deberia-crecer-el-10-por-ciento-por-la-mineria.html (Consultado 04-04-2018)

⁷ Entrevista realizada por el programa televisivo Abre los ojos Publicado en Youtube el 15-11-2011 (Minuto 04:56-.05:29). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nEJCleX6EA8 (Visto el 18­04-2018)

⁸ El congresista fujimorista (de la derecha) Héctor Becerril publicó en las redes sociales una foto manipulada de la entonces candidata presidencial de la izquierda Veronika Mendoza junto a una bandera roja, el hoz y el martillo (símbolo terrorista de Sendero Luminoso), asegurando que ‘a la candidata le encanta estos símbolos’. La información fue extraída de un artículo periodístico publicado el 20-07-2016 en la página online de RRP Noticias. Disponible en: http://rpp.pe/politica/historia/la-bandera-roia-y-la- hoz-y-el-martillo-son-simbolos-terroristas-noticia-980822 (Consultado 09-03-2018)

⁹ Los objetivos y políticas del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial puede descargarse en el siguiente enlace: http://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2017/05/9.05.17 Vice- Ministerio-de-Gobernanza-Territorial.pdf (Consultado 09-03-2018)

¹⁰ Poco tiempo de tomar el cargo, en noviembre del 2017, Fernández Concha renunció a su cargo. El nuevo viceministro Carlos Loret de Mola, quien es geólogo minero. La información fue extraída del portal web La Mula. Disponible en: https://redaccion.lamula.pe/2017/11/02/viceministerio-de- gobernanza-javier-fernandez-concha-stucker-empresario-minero-renuncia-carlos-loret-de- mola/jorgepaucar/ (Consultado 09-03-2018)

¹¹ Leáse los incisos de la Nueva Ley de la Policía Nacional del Perú (DL 1267) en: www.gacetaiuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/DS0262017IN.pdf (Consultado 09-03-2018)

¹² La Huayra eran usualmente invertidos de piedras de hasta 2 metros de altura y un diámetro de 75 centímetros. Utilizaban leña o estiércol de llamas u ovejas como combustible, y el fuego en el que ponían los minerales era avivado por el viento que soplaba en las laderas de los cerros. Así conseguían derretir un metal plomoso. Raffino, R. et al. (1996) en Quillay. Centro metalúrgico inka en el Noroeste argentino, realizan una investigación a 14 wayras u hornos metalúrgicos incas construídos en panes de adobe.

¹³ En el 2016 el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, afirmaba que el Perú atravesaba en esos momentos por un “boom minero” gracias a los grandes proyectos puestos hasta esa fecha en marcha.

¹⁴ El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) es el órgano rector de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática en el Perú. Norma, planea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las actividades estadísticas e informáticas oficiales del país.

¹⁵ Según el ordenamiento jurídico peruano, el canon minero es la participación efectiva y adecuada de las que gozan los gobiernos regionales y locales (municipales, provinciales y distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). Veáse más sobre canon minero en el Perú en: http://www.snmpe.org.pe/informes-y- publicaciones/canon/canon-minero/261-que-es-el-canon-minero.html (Consultado 12-11-2017)