Efectividad de la política pública de atención humanitaria a la población desplazada por el conflicto armado en el departamento de Córdoba

RESUMEN

Mediante este ejercicio reflexivo tipo investigativo y documental se hace un análisis sobre qué tan efectiva es la implementación de la política pública de atención a población desplazada, se logra identificar las que implementó la gobernación de Córdoba y las acciones que se llevaron a cabo en atención a la población desplazada, se hizo énfasis en que en la actualidad la política pública no ha logrado restituir los derechos vulnerados y resarcir el daño físico y psicológico causado por el conflicto a esta población en el departamento de Córdoba.

Palabras clave: política pública, atención, población desplazada, restituir, derechos humanos, daño físico, psicológico, conflicto.

ABSTRACT

Through this reflective investigative and documentary exercise an analysis is made on how effective is the implementation of the public policy of attention to displaced population, it is possible to identify those implemented by the government of Córdoba and the actions that were carried out in response to the displaced population, it was emphasized that currently public policy has failed to restore the rights violated and compensate the physical and psychological damage caused by the conflict to this population in the department of Córdoba.

Keywords: public policy, attention, displaced population, restitution, human rights, physical, psychological, conflict.

INTRODUCCIÓN

En Colombia actualmente se vive un momento crucial donde se están tomando nuevas decisiones y desarrollando nuevos procesos entorno al fin del conflicto armado. Por tanto en procura de atender esta necesidad entró en vigencia la ley 1448 de 2011, también conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, pero de acuerdo a las estadísticas e informes sobre los avances en la implementación de esta ley, al parecer no se ha llegado al cubrimiento total de la población en situación del desplazamiento forzado y los que han sido atendidos no han podido mitigar el sufrimiento causado por el despojo de sus tierras y pertenencias, y la violación de la mayoría de sus derechos fundamentales, especialmente en el territorio de Córdoba, donde si bien es cierto existe una política pública de atención a población desplazada, pareciera que no está estructurada de tal forma que beneficie de forma integral y efectiva a toda la población, y aun dentro del plan de desarrollo territorial no se logra ver claramente políticas que prevengan las situaciones de desplazamiento forzado en la región.

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta noviembre de 2014 el número de víctimas registradas era superior a siete millones (Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV, 2014). En el 2016 Colombia encabezaba la lista de los países con mayor número de desplazamientos forzados con una cifra de 6,9 millones de casos (Organización de las Naciones Unidas – ONU, 2016). Esto quiere decir, que el impacto de la violencia ha alcanzado de manera directa a más del 15% de la población del territorio colombiano.

En el Boletín 1, enero – febrero de 2018 de la Defensoría del Pueblo (Dinámicas de desplazamientos, riesgo de desplazamientos, y confinamiento), manifiesta que se dieron 16 desplazamientos masivos en diferentes regiones del país, donde la cifra alcanzó a 3.703 personas afectadas; el 66% de ellas en las zonas del bajo cauca y sur de Córdoba. (Defensoria del Pueblo, 2018). Dado estos casos la Defensoría del Pueblo denunció la grave situación en la que se encuentran las personas que viven en San José de Uré (sur de Córdoba), Cáceres, Caucasia, Tarazá y Valdía (bajo Cauca), que por combates de grupos armados ilegales post desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC se han presentado varios hechos de violencia obligando a 2.192 personas a desplazarse. Por ende las regionales de Antioquia y Córdoba, las delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han estado haciendo un seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento en estas regiones, encontrando dificultades en el proceso de atención inmediata a esta población desplazada que más adelante precisaré (Defensoría del Pueblo, 2018).

En el territorio de Córdoba la dinámica del conflicto armado ha pasado por seis fases, según el informe regional del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del Programa Presidencial de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República:

- Primera Fase: 1967-1980. Surgimiento del EPL y otras guerrillas.
- Segunda Fase: 1981-1991. Fortalecimiento de las guerrillas, expansión de las autodefensas, narcotráfico y desmovilización del EPL.
- Tercera Fase: 1991-1996. Expansión de las FARC y surgimiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá, ACCU.
- Cuarta Fase: 1997-2002. Expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC y Confrontación con las FARC.
- Quinta Fase: 2002-2006. Proceso de paz con la AUC y nuevas dinámicas de confrontación armada las FARC.
- Sexta Fase: 2006 hasta la fecha. Las “bandas criminales” (“BACRIM”) relacionadas con el narcotráfico y debilitamiento de las FARC.

En la información disponible por parte de la UARIV frente al presunto autor de un hecho victimizante en la ciudad de Montería, el Desplazamiento Forzado es el que más se denuncia, con un reporte general según la caracterización de la población víctima en la ciudad de 102.143 hechos victimizantes de desplazamiento forzado. (Informe de Gestión Alcaldía municipal de Montería, 2015).

Según estos reportes y a pesar de los esfuerzos, pareciera que aún no es suficiente lo que se viene realizando en materia de política pública en respuesta al sufrimiento producido por la violencia en nuestro país, especialmente en esta región. No obstante, uno de los principales cuestionamientos que se suscitan a partir de este planteamiento es: ¿Cuál es la efectividad de la política pública para la atención Humanitaria a la población víctima del desplazamiento forzado en el departamento de Córdoba?

La atención a víctimas del conflicto armado en Colombia ha sido un proceso en el que han participado instituciones del Estado y organizaciones civiles desde diversas perspectivas y atendiendo a diferentes intereses.

El presente escrito se ocupa de realizar una revisión documental sobre qué tan efectivo ha sido el proceso de implementación de la política pública para la población desplazada en el departamento de Córdoba.

Otro motivo, es que a pesar de que se han adelantado acciones que permiten disminuir el impacto de la violencia por el conflicto armado, los informes y estadísticas realizadas desde la implementación de la ley de víctimas, muestran una realidad no muy alentadora.

Y por otro lado, como especialista en Derechos Humanos es necesario también vigilar que se esté dando aplicación constante del Derecho Internacional Humanitario, en lo que concierne al proceso de restitución de los derechos y reparación integral de las víctimas que dejó el conflicto de más de 50 años en el país.

Es por ello que el objetivo principal de este ensayo es Analizar la efectividad de la política pública para la Atención Humanitaria de la población desplazada en el departamento de Córdoba, dentro de los cuales se determinarán las políticas implementadas por la Gobernación de Córdoba para la atención de la población desplazada, se analizarán las acciones que se han desarrollado dentro de las políticas públicas implementadas por la Gobernación de Córdoba para la atención de la población desplazada, y se analizarán del mismo modo, los informes de gestión realizados por la Gobernación de Córdoba sobre la evaluación de la política pública implementadas para la atención de la población desplazada en el departamento.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 024 de 1992 de la facultad de postgrados de la ESAP el presente ensayo se constituye como un planteamiento sobre la efectividad de la política pública de Atención Humanitaria a la población desplazada implementadas en el departamento de Córdoba, que sin pretensiones de agotar el tema aspira constituirse un aporte a su ejercicio en un contexto especifico como lo son las autoridades de esta competencia, (Gobernación de Córdoba, Alcaldía municipal, Defensoría del Pueblo, Personería, Unidad de Víctimas).

Se trata de un trabajo investigativo en el que se utiliza el enfoque cualitativo dado que propende por una investigación que analizará un impacto social, como lo es el diseño e implementación de las política públicas de atención a población desplazada en el territorio de Córdoba, la forma como se desarrolla y la forma como el estado define este tema a nivel departamental. El tipo de investigación es documental, ya que se fundamenta en que si hay una políticas públicas que la gobernación debe implementar para mitigar el impacto de la problemática fundamentada en la legalidad y buena práctica.

Con la información recolectada se realizaron conclusiones que permitieran alcanzar el objetivo propuesto en este ensayo, la técnica empleada fue el análisis de contenido que es definido por (Gómez, 2000) como el “método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido”.

Para ampliar los conceptos que nos ayudarán a contextualizarnos en el tema que se pretende analizar en el marco de la atención Humanitaria a la población desplazada. A continuación se puntualizará sobre algunas normas y sentencias proferidas para tal fin:

La sentencia T-025 de 2004 emitida por la corte constitucional de Colombia reconoce “(…) la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no solo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la constitución tales como mujeres cabeza de familias, menores de edad, minorías etnias, personas de la tercera edad”.

De este modo, la corte declara estos hechos de vulneración de derechos a la población desplazada como (estado de cosas inconstitucional) ordenando a las instituciones del Estado a un trato preferente que le permitan la restitución de sus derechos y la oportuna atención a sus necesidades. (Estrategia de Atención Psicosocial, 2016).

En el marco de la justicia transicional Colombia emitió la ley 975 de 2005 en la cual reconoce la integralidad interna del Derecho a la Reparación de las víctimas en su artículo 8: “Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas…La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito…”

De igual manera, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T -045 de 2010 para el reconocimiento del enfoque psicosocial, la atención psicosocial y la atención a la salud mental de las víctimas del conflicto armado, dada las particulares de esta población conforme a sus contextos social y cultural.

En la perspectiva de crear nuevos mecanismos jurídicos y administrativos que facilitaran de manera más eficaz la reparación integral a las víctimas, el estado colombiano profirió la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

Conforme a los artículos 1° y 3° de la citada ley, ésta tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, “como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”, “dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”. (Universidad Nacional de Colombia, 2014).

Otras normas y sentencias que se mencionan en el texto son: la Ley 387 de 1997 (Art. 4), Sentencia T–553 de 2015, Sentencia T-327 de 2001, Sentencia T–305 de 2016.

A continuación, se definirán los conceptos más relevantes del tema:

POLÍTICA PÚBLICA

La política pública la entendemos como el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas que pretenden la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. La política pública no es decisión aislada, sino un conjunto de tomas de posición que involucran una o varias instituciones estatales (de forma secuencial o simultánea). También es materialización de las decisiones tomadas en términos de acciones que producen resultados sobre la situación problemática y actores involucrados con la misma. Estos resultados, efectos e impactos pueden ser valorados “a posteriori” para tomar una idea lo más clara posible de la eficacia y eficiencia de la política pública. (Garcia Arcila & Quintero Naranjo, 2010).

POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN HUMANITARIA A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO

Una de las políticas de atención integral es la relativa a la Atención Humanitaria (AH), entregada a la población víctima del desplazamiento forzado una vez la persona sea incluida en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). Es concebida como una política de asistencia social a través del suministro directo de recursos mínimos e indispensables para la subsistencia de la PD. Confrontada esta política asistencial con la magnitud de las vulneraciones y requerimientos de la PD, ésta debería ser una medida complementaria al restablecimiento de los derechos y la reparación integral de las víctimas.

Sin embargo el auto 008 de 2009 de La Corte Constitucional evidencia que la mayor parte del presupuesto para la atención a esta población se ha invertido en dicho componente, sin que se garantice el restablecimiento de sus derechos y por ello ordena su reformulación.

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