La democratización fracasada: la Argentina pos-peronista, 1955-76

Índice

Introducción

1. La “Revolución Libertadora” y la exclusión del Peronismo

2. Radicalización de resistencia y el regreso de Perón

3. El fracaso de la democracia peronista 73-76

4. El Proceso – un epílogo

Conclusión

Bibliografía

Introducción

Describiendo su patria, en una reciente novela de la escritora argentina Inés Fernández Moreno, un protagonista habla algo despesperadamente sobre

“este suelo argentino que lo había apremiado toda la vida con sus definiciones categóricas. Laico o libre. Peronista o gorila. Canchero o mersa. Católico o Judío. Revolucionario o traidor.”^[1]

Esta reflexión pone en evidencia a una Argentina como país de los extremos, de polos opuestos, que no deja, aparentemente, resquicios fuera de una construcción que es dual y maniquea. Leyendola como una crítica de la cultura política argentina, bien se podría interpretarla como alusión a la imposibilidad de alcanzar un consenso democráticamente moderado en la Argentina. La nota citada seguramente no es mera invención sino una interpretación comprensible y común en este país que es transponible a distintas partes de la realidad argentina así que tambíen tiene sus huellas en la cultura política. Y eso sobre todo si uno observa el desarrollo histórico entre 1955 y 1976.

Si la “Revolución Libertadora” de 1955 tuvo como objectivo principal abrir al país a una profunda democratización, el relato histórico muestra que esta meta fracasó rotundamente. En efecto, en lugar de propiciar un ámbito político que se definiera por una cultura de inclusión consensualista, se desarrolló un sistema caracterizado por métodos y mentalidades exclusivas, antidemocráticas y autoritarias.

Este ensayo se propone evidenciar que el fracaso de consolidar una cultura política democrática tuvo sus raizes – por supuesto no exclusivamente, pero en cierta medida - en 1955 y que sus consecuencias acompañaron el país hasta la dictadura militar de 1976. Si bien existen causas muy diversas que propiciaron este fracaso de consolidación de una cultura plenamente democrática, hay también, sin embargo, algunos rasgos que se mantuvieron constantes durante todo este lapso: la exlusión de oponentes políticos, la negación de su legitimidad y la subsiguiente polarización política que no aceptó el consenso democrático como herramienta para solucionar problemas, sino que por el contrario, eligió la violencia destructiva como expresión política legítima. Todo esto que tuvo su germen (al menos) en 1955 condujo a la deslegitimación de la democracia y a la corrosión de la fe cívica en la Argentina pos-peronista, camino que duró más de veinte años para desembocar en el sangriento y mortífero mar de la dictadura militar de 1976.

El presente ensayo se propone seguir el camino de este fracaso y a intentar de analizar la cultura política de sus protagonistas, poniendo acento en su actuacíon en el mismo campo político. El relato histórico se desenvolverá cronológicamente partiendo de la “Revolución Libertadora”, pasando por la dictadura de Onganía y el regreso democrático de Perón para concluir con un breve comentario sobre los objectivos y las fúnebres consecuencias del golpe del 1976, la máxima violación de valores democráticos que cínicamente se había propuesto de defender.

1. La “Revolución Libertadora” y la exclusión del Peronismo

La revolución de septiembre 1955 que derrocó a la dictadura peronista estaba avalada por una amplia coalición civil-militar, que, entre otros, también incluía “el conjunto del arco político partidario”^[2] y la Iglesia Católica. Esta revolución no fue sólo expresión del antiperonismo sino que también parecía estar signada por su sentido democrático que aspiraba a construir una Argentina democratizada incluyendo las masas todavía adherentes a Perón y a su régimen. Mientras que bajo la breve presidencia del general Lonardi (hasta noviembre 1955) esta meta pareciese diluirse a favor de una continuación del sistema peronista “sin Perón”, el ímpetu democratizador se reveló sobre todo a partir de la gestión del general Pedro E. Aramburu.

Pero este ímpetu tenía rasgos muy ambivalentes. Al mismo tiempo que el gobierno prometió la instalación de la democracia en contra del sistema vertical-autoritario de Perón, no estaba dispuesto a integrar las fuerzas políticas peronistas en esta nueva Argentina. Más que por su fe en la democracia, el sistema instalado se caracterizaba por la represión de los huestes del Peronismo, la prohibición e intervención de sus organizaciones y la discriminación de sus funcionarios. Si esta actitud antidemocrática fue legitimada a través del argumento no realmente rechazable que al sistema democrático no se podía incorporar fuerzas que querrían destruirlo, sin embargo, había que poner esta lógica en duda. Las “masas” peronistas no reaccionaron al golpe como habían calculado sus protagonistas; ellos estaban convencidos de que la fuerza del Peronismo se basaba sólo en el poder dictatorial y medial de líder. Pero a pesar de dicho convencimiento, después de 1955, una gran parte del electorado no alteró sus simpatías peronistas y obedeciendo a las ordenes del exiliado Perón, en cada oportunidad electoral votó en blanco para mostrar su continua adhesión al “General”.

Obeservando esta negligencia de incorporarse al sistema pos-peronista, el nuevo régimen se subscribió a la meta de democratizar las masas peronistas “desde arriba”.^[3] Tanto las a veces grotescas prohibiciónes (el nombrar a Perón fue declarado delito) de organizaciones, rituales y medios peronistas como la reorientación pedagógica en las escuelas, debían influir en este proceso, en esta educación a la democracia. Si en otros casos contemporáneos como en la Alemania de la segunda posguerra, la ambición re-educativa había tenido un relativo éxito al consolidar la naciente democracia contra tendecias antidemocráticas (se excluyó tanto partidos de la extrema derecha como de la izquierda del sistema electoral), la situación de la Argentina después de 1955 era bastante diferente y la supuesta democratización no funcionó. Seguramente una explicación que satisfaga la explicación de este fracaso requiere una mirada muy amplia, algo que este trabajo no puede ofrecer. En su lugar, continuaremos haciendo hincapié en la cultura política argentina pos-peronista con su tendencia autoritaria, corporativa y excluyente, rasgos que difícilmente hayan podido resultar favorables a un sistema de democracia parlamentaria.

Si bien es cierto que - como señala Catalina Smulovitz^[4] - no todo el lapso entre 1955 y 1966 fue marcado por las mismas medidas para excluir la influencia peronista de las elecciones democráticas, también se puede afirmar con Marcelo Cavarozzi que en todo este período ni se trataba realmente de una inclusión democrática del Peronismo ni de una aceptación de reglas parlamentarias y consensualistas.^[5] Más bien, tanto si uno lo apoda “semi-parlamentarismo” como “parlamentarismo negro”, la cultura política en la Argentina pos-peronista se caracterizaba por la exclusión completa o parcial de los sectores peronistas y además por una competencia intrapartidaria que no buscaba el consenso democrático, sino la derrota del oponente. No es casual que la exclusión del Peronismo y la deseada reeducación de sus masas electorales hayan fracasado al mismo tiempo que la competencia en el partido radical impidió la creación de una alternativa partidaria fuerte y creíble.

El primer objectivo, que se basaba en la evaluación del Peronismo como resultado de específicas condiciones socio-económicas y sobre todo de la influencia dictatorial del “tirano prófugo”, no se podía realizar en primer lugar por la profunda raigambre en algunos sectores sociales de una suerte de “fe peronista”. Se podría argumentar, en primera instancia, que esta “fe” tanto se nutrió de las medidas represivas del gobierno como de una memoria colectiva todavía activa y siempre reavivada por la astuta actuación del mismo Perón desde el exilio español. En segundo lugar, esta persistencia de la influencia peronista, que se mostró en un amplio voto en blanco que osciló entre un 20 y 30 por ciento del sufragio durante los años 1958-65, se debió a la competencia entre los partidos supuestamente antiperonistas. Ya en 1957 el campo polítco antiperonista resultó gravemente dañado cuando la UCR se dividió y el líder de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), Frondizi, pactó con un Perón exiliado a fin de derrotar a su antaño copartidario Balbín, de la UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo).

Los resultados de este pacto eran muy polifacéticos y tuvieron un impacto sumamente trascendental en los años subsiguientes hasta el golpe militar de Onganía en 1966. En primer término, hay que mencionar que de esta manera la posición del Peronismo en la realidad argentina fue fuertemente re-legitimada a la vez que el propio Perón pudo estabilizar su papel en los sectores peronistas y debilitar posibles adversarios internos. La meta de democratizar el Peronismo fracasó mientras consignas como “La orden es: Frondizi el 23”, mostraban claramente un carácter más militarizado que democratizado de sus huestes. En segundo lugar, es preciso señalar que el pacto dividió aun más el ya fragmentado campo antiperonista. Mientras la UCRP y otros partidos se negaban a colaborar con el gobierno frondicista por su traición pactista, encontraron la nueva meta de su política en la derrota de Frondizi y, para alcanzar tal objectivo, se acercaban a sectores tradicionalmente anti-peronistas como el militar.

Cuando el mismo Frondizi cambió el rumbo de su política para orientarse contra los sectores peronistas que habían asegurado su victoria electoral en 1958, él también volvió sobre la ayuda militar para reprimir las violentas como masivas protestas peronistas. Así, el ámbito político nacional procuró al militar argentino al menos tanta influencia como el marco internacional que sobre todo en Latinomamerica fue nuevamente dominado por las intenciones un tanto paranóicas anticomunistas de los EE.UU.. De este modo, el ámbito militar se vio cada vez más legitimado para intervenir en la esfera política nacional ya que según una creciente convicción del cuerpo castrense (pero al mismo tiempo apoyado en gran medida por el ámbito civil) no eran sino ellos los únicos capaces de solucionar los problemas políticos del país y de protegerlo contra radicalizaciones izquierdistas.

Las fuerzas políticas que apoyaron el golpe “Libertador” de 1955 en nombre de la democracia crearon, por su competencia, la exlusión del Peronimso y su acercamiento a los militares, una situación que deslegitimizaba las soluciones democráticas y erosionaba la “fe cívica”^[6] a la vez que fortalecía corrientes sociales y militares que simpatizaban con soluciones tecnocráticas y despolitizadas. Quizás el ejemplo más contundente de como los sectores políticos golpearon posibles soluciones políticas en cuanto a una inclusión racional del “Peronismo sin Perón” es el fracaso del “Plan Martínez”. En vez de colaborar en esta iniciativa, amplios sectores antiperonistas de la política prefieron aliarse con sectores militares orientados de modo similar para desestabilizar al gobierno. Aún incluso los sindicatos no tuvieron un papel determinante en el fortalecimiento del orden constitucional. En lugar de apoyar al gobierno democráticamente electo de Illia, intentaron imponer sus intereses corporativas a cualquier precio – la desestablización del gobierno mediante masivas protestas a partir de 1964 no ayudó a consolidar la fe en soluciones democráticas sino que, por el contrario, adelantó un sentimiento radicalmente anti-partidista no sólo en el militar.

La “Revolución Libertador” de 1955 no alcanzó sus objectivos de incorporar a las masas peronistas a un sistema democrático como así tampoco logró consolidar la democracia partidaria en la Argentina. El peronismo, en su ferviente y autoritaria adhesión a su fundador, sobrevivió mientras los partidos políticos despreciaron y desconfiaron en gran medida en las reglas democráticas, excluyendo a gran parte de la población de la participación en el poder sin ofrecer una alternativa abierta y creíble, lo que hubiera sido una posibilidad de canalizar el Peronismo y debilitar el papel de su líder exilado. Por otra parte, la competencia indiscriminada entre los partidos sin adhesión apasionada a los valores civicos, llevó a un fortalecimiento de intereses corporativos, sea del sector peronista o del militar, y a la vez introdujo una cultura de exclusión y violencia inconstitucionales – incluyendo la matanza de adversarios políticos y el derrocamiento violento de políticos democráticamente elegidos ­-, deslegitimando así las reglas del juego democrático que la revolución había querido instalar. Sin duda, este ambiente muy limitadamente democrático donde

“la democracia representativa sólo fuese tolerada en la medida en que sirviese como instrumento de legitimación formal de las soluciones favorecidas de antemano por los dueños del poder”^[7]

contribuyó significativamente a la corrosión y a la deslegitimación de la fe cívica en la cultura política argentina y dejó profundas marcas en el desarollo subsiguiente.

2. Radicalización de resistencia y el regreso de Perón

Los gobiernos democráticos junto a las FF.AA. pretendían que su violencia y, por lo tanto, su actuación realmente anticonstitucional sirvieran para rescatar la democracia contra el “peligro” peronista (que durante la década de los 60 fue usualmente cada vez más equiparado con el peligro comunista). Pero en realidad la mezcla entre reincorporación ambigua y represión brutal del sector peronista no adelantó una canalización democrática de éste sino su continua radicalización clandestina. Al fin y al cabo, la subsiguiente y ubicua deslegitimación de procesos democráticos desembocó en el golpe militar de 1966, que caracteristicamente fue acompañado sin protestas por los partidos políticos e incluso recibido con esperanzas simpatizantes por muchos sindicatos, y sin duda, por partes potentes del empresariado:

“En junio 1966 [...] ningún sector social significativo se movilizó en defensa de las instituciones, y los máximos dirigentes empresariales y sindicales se apretujaron en la Casa Rosada para asistir a la ceremonia de instalación de Ongania como presidente.”^[8]

Pero estas esperanzas fueron radicalmente defraudadas por el régimen de Ongania – su política de austeridad y liberalización económica en su planteo estaban destinadas a representar la primera escalera de una completa reorganización de la realidad socieeconómica argentina y perjudicaron sobre todo a las clases medias y obreras. Además, su gobierno no intentó canalizar la creciente y cada vez más violenta oposición a su régimen, sino que la radicalizó mediante una tactica de exclusión y represión, continuando y intensificando tendencias anteriores a 1966. En un país donde la democracia había sido violada de todas fuerzas sociales y políticas, la violencia se tornó una herramienta política cotidiana y ampliamente aceptada por la sociedad. Y por parte de unos movimientos juveniles tendientes a izquierdizarse y peronizarse simultaneamente ella pudo ser legitimada como única medida contra un régimen opresor.^[9] La fundación o la activación de grupos armados de fila revolucionaria – sea en el sentido trotskista o de un peronismo de izquierda, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros, respectivamente - pueden ser entendidos como una reacción directa a la represión del régimen de Onganía. Pero, no obstante, ha de notarse que al mismo tiempo constituyeron unas piedras más en el domino antidemocrático en la Argentina. Cuando se mostró que este régimen no era capaz de contener la protesta social, míticamente emblematizada en el Cordobazo de 1969, su posición se debilitó y también dentro de las FF.AA. sectores adherentes a las reglas constitucionales retomaron la iniciativa.

Pero lo que ocurrió a partir de entonces no era sólo una paulatina abertura a una re-democratización sino también la reaparición de Perón como actor político, que consiguió reestablecerse más que antes como persona central en el ambito político nacional. Para este objectivo, Perón elegió dos caminos que, sin embargo, llevaron en direcciones opuestas. Mientras buscaba la reconciliación democrática con los partidos políticos, lo que se manifestó sobre todo en la fundación de una coalición antidictatorial entre el Peronismo y los radicales balbinistas en 1970, anunciando la Hora del pueblo, Perón también coqueteo fuertemente con las fuerzas de izquierda que habían comenzado a radicalizarse ya hacia finales de los años 60. En el primer caso, se podía esperar que los partidos políticos habían aprendido del pasado que sólo la plena aceptación de reglas constitucionales garantizaban el funcionamiento de un sistema democrático en una sociedad diferenciada. Sin embargo, en el segundo caso, se trataba de una invitación a sus “formaciones especiales” que, por un lado, no aceptaron las reglas democráticas sino que apostaron por un camino revolucionario en el sentido de una izquierda con matices diferentes, una actitud tanto violenta como antidemocrática que se reveló con un creciente rigor en los años 70. Por el otro lado, adhirieron a una tendencia izquierdista que ni era compatible con la tradición peronista ni con otras fuerzas que formaron parte del apoyo de Perón.

En cada caso, su doble juego que consistió, por un lado, en la colaboración con los partidos y por otro, en la estrategía de atraer los sectores juveniles radicalizados – el “hizo todo para alentar [el] accionar [de la guerilla]”^[10] – lo posicionó a Perón como arbitro, y consecuentemente lo hizo aparecer como única alternativa para poder controlar la situación crítica de la Argentina. En una actitud hoy en día poco comprensible, vastos sectores de la izquierda argentina se comprometieron con la figura de Perón y mezclaban la meta de una patria socialista con la meta de una patria peronista, creando una combinación contradictoria entre nacionalismo y socialismo. La ilusión de más de 100.000 participantes sólo en la Juventud Peronista que Perón iba a volver y crear una Argentina con rasgos socialistas desembocó en una auto-entrega irracional que se mostraba en consignas como “Perón o muerte” – un homenaje público al autoritarismo personalizado. La instrumentalización de estos grandes sectores de la juventud política argentina digitada por Perón y su apoyo al terrorismo ejercido por Montoneros o el ERP – no sólo el asesinato de Vandor en 1970 era más que tolerado por Perón – mostraba, por un lado, la voluntad del “General” y de su juventud de utilizar métodos extraconstitucionales para ampliar su poder y, por otro, singnificaba la integración y aceptación de una izquierda que difícilmente se podía consolidar con otros grupos del Peronismo como así tampoco con la democracia del 1973.

Cuando Campora ganó las elecciones en 1973 ya se podía vislumbrar que el futuro del movimiento peronista no sería tan homogeneo como algunos creían. Al tiempo que Campora oficialmente elogió a la Juventud Peronista, la discriminó con un sólo 18% - en vez de los prometidos 25% - de los ministerios en su gabinete; por otra parte, tampoco quiso realizar una reforma social tan radical como los sectores juveniles habían exigido. Con todo, ya en 1973 tanto los Montoneros como el ERP anunciaron la prolongación de su lucha armada. Si bien manifestaron su apoyo a Campora, no notaron que esta radicalización que exigían y que practicaban correspondía menos a una supuesta situación revolucionaria en el pueblo que a un incentivo del recelo de importantes grupos de interés conservadores. De esta manera, ponían en peligro una democratización exitosa y las libertades recién conquistadas. Pues, no había una normalización democrática dentro del Peronismo ni un control de distintas agrupaciones sociales que, en parte ingenuamente pensando de apoyar a Campora con estas medidas, continuaron de desestabilizar el ambito sociopolítico argentino.^[11]

Esta heterogeneidad y radicalización contribuyeron al hecho que durante la naciente democracia argentina del 1973, fuerzas derechistas en la sociedad y también en el marco del Peronismo, poco proclives a la democracia constitucional, ganaron influencia. La radicalidad hizo poco para estabilizar la democracia – ni de derecha ni de la izquierda. El regreso de Perón a la Argentina a mitades de junio, coronada con la “masacre de Ezeiza”, adelantaba ya que el líder estaba lejos de cumplir con los sueños socialistas de sus huestes juveniles sino que por el contrario, estaba dispuesto a reestablecer su sistema autoritario de poderío dentro del Peronismo – y también dentro del país.

3. El fracaso de la democracia peronista 73-76

Como señalamos en paginas anteriores, la posición del mismo Perón hacia la democracia era ambigua. Por un lado, aceptó la incorporación de los grupos de izquierda en el Peronismo utilizándolos como arma para desestabilizar el régimen militar, eliminar posibles oponentes intrapartidarios y consolidar su papel como único posible salvador de la nación frente las crecientes tensiones sociales en la década de los 70. Además, después de su reelección en 1973, no hesitó en utilizar nuevamente métodos autoritarios para eliminar la ahora despreciada influencia de sectores izquierdistas en el interior del partido, en el ámbito público e incluso en provincias centrales. Así, eliminó bruscamente la influencia de la Juventud Peronista en el marco del nuevo movimiento peronista y trató de verticalizar y disciplinar a los sindicatos; también prohibió las expresiones y los medios de acción de la izquierda al mismo tiempo que aceptó la intervención golpista en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Por otro lado, hay que mencionar que el entendimiento entre Radicalismo y Peronismo se basaba en una aceptación democrática del anterior principal oponente político superando la excluyente rivalidad entre las fuerzas políticas que había caracterizado el período después de 1955.^[12]

Pero, si es probable que - como opina Svampa - esta aceptación por parte de Perón pueda ser explicada más por su necesidad de encontrar aliados para la represión de los sectores de izquierda que con su convicción democrática^[13], no sólo eran relevantes las actitudes antidemocráticas de Perón, sino también la radicalización de los sectores peronistas de izquierda y, naturalmente, de derecha. Si la actuación del presidente debilitó sin duda la legitimidad del marco democrático, las posturas extremas de partes de sus huestes eran a la vez consecuencias de la tácticta seductora de Perón antes de 1973 y legado de una larga tradición anticonsensualista en la cultura política Argentina.

A diferencia de su primer mandato, en 1973 Perón ya no era capaz de crear una supuesta homogeneidad en el interior del movimiento peronista. Tanto las condiciones económicas a partir de 1973^[14] como sobre todo la diferenciación de los grupos constitutivos, su politización contraria y las subsiguientes luchas intestinas en el segundo Peronismo, lo imposibilitaron. Por un lado, los grupos de izquierda con su postura revolucionaria debilitaron un consenso intramovimentista, por otro, tampoco los sindicatos y los empresarios nacionales aceptaron de renunciar a sus intereses en favor de un nuevo “pacto social” cuando se agravaron los problemas económicos – de modo que una “alianza nacional para el progreso” como después de 1946 se imposilitó. A estos factores se sumaba la creciente influencia de un Peronismo de derechas que pronto se hizo visible en una incrementada inclinación del gobierno hacia este grupo. En efecto, bajo la gestión de Perón ya se habían anunciado nuevos rasgos autoritarios en favor de los intereses de grupos de derecha que sus adherentes juveniles quisieron explicar con un cerco represor alrededor de su líder mesianico. Luego de su muerte, bajo la presidencia de Estela Martínez de Perón (Isabelita), se acentuó el rumbo a la vez antidemocrático y derechista del gobierno con el protagonismo del poderoso López Rega. Esta etapa fue clave en la medida que oficiaría como antesala de las prácticas terroristas instaladas luego con mayor violencia y sistematización por el Estado golpista del 1976.

Isabel no sólo mostró su desprecio para con el sistema democrático-parlamentario a través de una creciente oleada represiva contra partidos políticos, medios y universidades, sino que también aspiró a una violenta eliminación de la izquierda (dentro y fuera del partido peronista) y un debilitamiento de los sindicatos que anteriormente habían constituido los pilares del sistema peronista. Ya no se podía hablar de ningún afán democrático o de una unidad movimentista. En cambio, Isabel y López Rega utilzaron, como tantas otras veces en la historia argentina, la ayuda del militar para alcanzar sus metas, que se asimilaron en creciente medida a las luego pronunciado por los militares después 1976.

Finalmente, cuando las FF.AA. en marzo de 1976 se apoderaron otro vez del gobierno, ellos eran sólo una fuerza en la Argentina que despreciaba las soluciones democráticas y consensualistas. Mientras los partidos políticos después de 1955 no habían aceptado el juego político y fracasaron en el intento de establecer unas reglas constitucionales válidas para todos los participantes, en la década de los 70 tanto el nuevo Peronismo como sus “formaciones especiales” y los sindicatos, no fortalecieron la legitimidad del sistema constitucional, sino que lo socavaron con sus tendencias autoritarias, violentas y nada tendientes al consenso.

4. El Proceso – un epílogo

La radicalización de las acciones de los grupos de izquierda directa o indirectamente ligados a un Peronismo revolucionario a partir de 1973 y sobre todo después de la muerte de Perón, desestabilizaron la constitución sociopolítica en la Argentina. Por supuesto, hay que mencionar que sumado a estas acciones terroristas, no era sólo la actuación del gobierno que – como ya se ha dicho – socavó de diversas maneras la legitimidad democrática. También, es importante destacar el papel de fuertes grupos de interés como por ejemplo, la Iglesia Católica, que vio con recelo los mecanismos consensualistas. Asimismo, el creciente terrorismo de derecha manifestado por la Triple A desarrolló una fuerza cada vez más destructiva para el orden constitucional y probablemente tenía incluso directas vinculaciones con el gobierno peronista. Por último, cabe señalar que las décadas anteriores habían desacreditado a la democracia de tal manera que al avizorarse la llegada del golpe de Estado una parte de la opinión pública lo esperó “deseosamente”, mientras que la gran mayoría al menos lo aceptó como solución legítima. Si bien el Radicalismo no apoyó el golpe, parece que en el período desde 1955 no se había podido desarollar una cultura política democrática con profundas raíces ni en ambitos políticos ni en la sociedad.

Sin embargo, los militares que realizaron el golpe de 1976 lo legitimaron sobre todo con la subversión de izquierda que en su opinión estaba por destruir los valores “cristianos” y “occidentales” del país, mientras los demas grupos – naturalmente incluyendo también a las mismas FF.AA. - que habían contribuido a la corrosión de tales valores no se mencionaba con tal contundencia. A pesar de esto, como ha señalado Ricardo Sidarco^[15], el golpe no sólo tenía como objectivo eliminar dicha subversión. Más bien apuntaba a ser un verdadero Proceso de Reorganización Nacional que incluiría el conjunto de las realidades sociopolíticas y socioeconómicas del país. Desde el punto de vista de los militares tanto las instituciones democráticas y el sistema estatal construido por esas como el sistema económico eran los principales responsables de las aberraciones de la democracia argentina. A través de este argumento las FF.AA., en su habitual papel de salvaguardar las tradiciones constitucionales, se legitimaron con el objectivo de intervenir desde arriba en este derrumbe y de revolucionar todo el sistema sociopolítico y económico - otra vez en estos 20 años - autoritariamente. Desde el discurso castrense, el “vacío de poder”, con la consecuente crisis sociopolítica y el “caos económico”, debía ser llenado por las FF.AA. a fin de rescatar la unidad nacional y la validez de la constitución.^[16]

Tanto la reorganización política mediante el represivo y brutal disciplinamiento social como la reorientación (al final destructiva) del sistema económico, formaron partes existenciales del programa gubernamental militar. Por eso, el Proceso representaba para los militares, como anunció el primer presidente de la Junta militar Videla, “el fin de un ciclo histórico y el comienzo de otro”^[17] – enunciado éste que puede ser leído como: el fin de la política nacional-populista y el desarollo de un sistema liberal en sentido económico y político.^[18] La nueva “revolución desde arriba” entonces no sólo se planteaba eliminar los grupos subversivos de izquierda y reorganizar el ámbito político prohibiendo y refundando las agrupaciones políticas, sino más bien pretendía cortar por completo las raíces que en su opinión habían creado las condiciones para el fracaso del desarollo democrático.^[19]

No hay duda en cuanto al completo y sangriento fracaso de esta empresa. Si generalmente hay que poner en entredicho si medidas autoritarias y represivas pueden generar una atmosfera de libertad democrática, uno debe señalar que la actuación bajo el régimen militar violó cruelmente y de manera nunca antes conocida con tal extremidad en la Argentina los valores cristianos y occidentales que pretendían defender. Debe enfatizarse que el golpe de 1976 no era el inicio de una nueva democracia sino la maximización del desprecio de sus valores. Así, la supuesta refundación de la democracia y el inicio de otro ciclo de la historia argentina se volvió el radical y funesto apogeo epilogico de tendencias antidemocráticas fortalezidas desde, al menos, el año 1955. La salvaguardia de la constitución se desmasceró como su último verdugo y el anuncido mañana primaveral de una democracia reorganizada se volvió una noche invernal oscurecida por la destrucción dictatorial.

Conclusión

Lejos de establecer un sistema democrático en la Argentina pos-peronista, todas las medidas aplicadas ya sea por las organizaciones políticas o militares fracasaron y debilitaron la fe cívica en la sociedad argentina en lugar de fortalecerla. Es difícil entender el anochecer democrático en 1976 sin tener en cuenta el desarrollo político que hubo en el país al menos a partir de 1955, cuando el sistema dictatorial del Peronismo fue derrocado y la coalición de la “Revolución Libertadora” se propuso de consolidar en la Argentina una democracia más libre que populista.

A pesar de ello, pronto se mostraba que esta democratización era un proyecto limitado. Por un lado, con la exclusión del Peronismo del sistema partidario se marginó una masa electoral muy significativa, de modo que la democracia dejó afuera de su umbral a aproximadamente un 30% del electorado. En cierta medida, es comprensible el rechazo de partidos antidemocráticos en un sistema de democracia. Pero en vista de la magnitud de sus adherentes no se podía esperar una solución al problema mediante la exclusión sin dañar la credibilidad del sistema. Por supuesto, en esta “semi-democracia” no faltaron intentos de corregir la carencia de legitimidad y de incluir los estratos peronistas, que en un autoritarismo casi militar respondieron a los ordenes de su general exiliado. Sin embargo, no existió un consenso entre los partidos sobre cómo incluir la gigantesca fuerza electoral. Si en principio los actores políticos estaban firmes en su postura antiperonista y creyeron poder aplicar una democratización autoritaria mediante la educación y la exclusión, a partir de 1957 se alteró este rumbo a favor de una inclusión del Peronismo. Pero lejos de crear una incorporación democrática, el pacto de Frondizi con Perón legitimó la posición política autoritaria del “General” derrocado entre sus huestes y adelantó la esperanza de su retorno. Por otro parte, esto no significó un intento neutral de fortalecer el sistema democrático mediante esta incorporación, sino más bien el ensayo de derrotar a sus oponenetes políticos. Las consecuencias fueron nefastas: no sólo se debilitaron los posibles herederos de la influencia de Perón dentro del Peronismo, sino que también se desarrolló una oposición estrictamente antiperonista contra el gobierno de Frondizi que unicamente aspiraba a su derrocamiento. Cuando Frondizi debió alejarse del sector peronista en 1959, provocó una masiva resistencia, razón por la que se alió al ámbito militar como estrategía para reprimir la ola de huelgas y sabotajes y de este modo, matenerse en el poder. De esta manera el sistema partido-democrático sufrió su primera grave deslegitimación por su falta de consenso y compromiso democrático, por su falta de establecimiento y aceptación de una alternativa política creíble dentro y afuera de los sectores peronistas - caracteristicas éstas que se acentuaron durante la presidencia de Illia - y por el subsiguiente recurso a la ayuda tutelar del militar en cuyo marco las fuerzas que se opusieron al sistema democrático ganaron influencia por esta auto-deslegitimación. Al fin y al cabo, el comportamiento de los actores sociales y de los partidos dejó en evidencia su limitada aceptación de las reglas democráticas como su poca creencia en soluciones democráticas. Por parte de los partidos la falta de un espiritu de competencia democrática basada en la fe cívica y el simultaneo afán irracional antiperonista que obstaculizó tanto la intergración como la democratización del Peronismo se mantuvieron como caracteristicas del sistema hasta 1966 y constituyeron un fuerte debilitamiento de la fe cívica en la sociedad argentina mientras adelantaron el anhelo por soluciones autoritarias.

Por eso el golpe militar de 1966 fue recibido por muchos ámbitos de la sociedad argentina sin oposición. No cabe duda que el régimen militar no contribuyó en absoluto a consolidar una fe cívica, si bien la meta oficial había sido la de reorganizar la estructura sociopolítica y economica para poder establecer una verdadera democracia. El nuevo intento abiertamente autoritario de formar la democracia en vez de dejarla crecer fracasó completamente, y lejos de fundamentar una base para el “tiempo político” del régimen, los conflictos en la sociedad se acentuaron y por la falta de una canalización política estallaron al final de la década.

Sin embargo, los nacientes movimientos políticos eran menos una herramienta para volver a tradiciones constitucionales que un espejo del fracaso y de las violaciones de la fe cívica en los tiempos anteriores. La falla de la democracia que se reveló como estafa violada en el período pos-peronista y la represión abierta de la dictadura onganiania les habían enseñado tanto la ineficacia y hipocrisía del sistema democrático como la legitimación de la violencia como herramienta política. La radicalización de hecho antidemocrática de estos movimientos y su tendencia autoritaria y violenta se desarrollaron en esta tierra política que ya había deslegitimado la fe cívica. En este sentido, no cabe duda que con su actuación no contribuyeron a refundar un sistema democrático, sino que lo debilitaron profundamente al intensificar la reacción de la derecha poco proclive a la democracia. Por otra parte, pero íntimamente ligado a lo anterior, la polarización del ámbito político argentino en dos zonas ideológicas diametralmente opuestas no podía sino alejar del horizonte un posible consenso democrático.

Si grandes partes de la sociedad argentina habían puesto sus esperanzas en el retorno de la democracia y sobre todo en el regreso de Perón para estabilizar el clima sociopolítico en el país, después de poco tiempo serían decepcionados y defraudados. Mientras Perón había cautivado de manera irresponsable a la radicalización juvenil alimentando su afán revolucionario y su actuación violenta, estos movimientos no ayudaron en consolidar la democracia bajo Campora sino la atacaron con su violencia continuada. Si bien afirmaron que querían apoyar al nuevo presidente, su violencia que era la muestra visible de su rechazo a soluciones democráticas no fortaleció el nuevo sistema sino homogeneizó un campo derechista poco convencido de la ventajas democráticas que ganó influencia en la Argentina después de 1973.

Cuando Perón retornó pronto se hizo evidente que estaba lejos de tomar un rumbo hacia la izquierda como lo habían soñado sus huestes juveniles. Por lo contrario, el líder intentó de establecer de nuevo un sistema altamente vertical y autoritario dentro del Peronismo que no sólo rechazaría las tendencias revolucionarias sino que también mantendría una muy ambigua relación con las reglas democráticas. Si bien había indicios que señalaban el compromiso de Perón con un camino más democrático y consensualista como por ejemplo el acuerdo de la Hora del Pueblo, su actuación como presidente electo estaba lejos de satisfacer las exigencias democráticas – lo que no sólo fue evidenciado por la creciente influencia de sectores de derechas en su gabinete sino también por sus medidas intervencionistas en las provincias y los sindicatos.

Después de su muerte estas tendencias autoritarias se acentuaron palpablemente y la adhesión a un nuevo estilo antidemocrático se manifesto abiertamente en la creciente represión cotidiana y la incorporación del cuerpo paramilitar y militar en esta. La completa deslegitimación del sistema democrático fue maximizada con las posturas abiertamente autoritarias y terroristas (que los mismos victimarios defendían como “guerra anti-subversiva”) dentro del mismo régimen y agudizada por la continua violencia de grupos terroristas de izquierda.

El golpe militar que siguió en 1976 era consecuencia de esta deslegitimación de unos 20 años. Ninguna organización social había sido capaz de fortalecer una cultura política verdaderamente democrática. En su lugar, se había desarrollado una polarización en cuyo ambiente radicalizado de los años 70 ya nigún lado creía en una solución democrática. En la admiración de los extremos destructivos y la recíproca negación de un derecho político que se manifestaba en la violencia yacía el fracaso de intentos consensualmente constructivos. De esta manera, el ámbito militar se vio nuevamente legitimado de intervenir en la defensa de la constitución, con la intención oficial de reorganizar las realidades argentinas de tal manera que permitiesen una democracia liberal que respetase los valores “cristianos y occidentales”. Como en los intentos anteriores de construir una democarcia desde el autoritarismo, también éste fracasó estrepitosamente. En vez de constituir una base para instalar la democracia, el último golpe extremó a través del terror de Estado las violaciones de tales valores y la democracia. La sangrienta reorganización no fundó la base para una democracia sino que significó la maximización del desprecio para ésta y para la vida humana. No era, como dijeron sus gestores, la primera piedra de una nueva época argentina sino el último capítulo y el más nefasto de la deslegitimización de la democracia – y la destrucción de sus valores.

En 1983 se inauguró una nueva era en la Argentina que dio esperanzas para que a partir de la destrucción podría nacer un nuevo sentido político y la nueva cultura de un consensualismo democrático que rechazaría soluciones polarizantes y destructivas. Resulta sumamente positivo que, aún a pesar de los agudos conflictos sociales y las crisis económicas durante el lapso democrático, haya sido posible mantener el sistema constitucional. Esto podría señalar la consolidación de la democracia y de sus valores en la Argentina, que a pesar de la continua influecia de las FF.AA. parece haber conseguido someter al militar a la constitución en vez de aceptarlo como su último protector. Sin embargo, la situación continúa siendo crítica. Para la gran mayoría de la población en la democracia su nivel de vida no se mejoró sino se derrumbó acentuando la desigualdad social en la Argentina y marginalizandolos de servicios basicos del Estado, del trabajo y al final de la participación política. Si el Estado no es capaz de integrar a estos ciudadanos y de fortalecer el sistema democrático intensificando las medidas de sanción que debilitan el poder corrupto de sus funcionarios y fortalecen la legitmidad del sistema democrático, queda latente la posibilidad de su nueva deslegitimación. Si la realidad democrática no procura la igualdad jurídica frente la ley ni garantiza iguales posibilidades de acceso a la movilidad social, sino que tiene el efecto crecientemente discriminatorio y marginalizante, al fin y al cabo las victimas serán la fe cívica, la propia democracia – y la gran mayoría de los ciudadanos.

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[...]

^[1] Fernández Moreno, Inés, La última vez que maté a mi madre, Buenos Aires 1999 (Perfil Libros), pag.244.

^[2] Tcach, César, “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en: James, Daniel, Nueva historia Argentina: violencia, proscripción y autoritarismo 1955-76, Buenos Aires 2003 (Sudamericana), pag.20.

^[3] Spinelli, María Estela, “El debate sobre el orden político durante los primeros gobiernos antiperonistas, 1955-1958”, en: íbid ect. (comp.), La conformación de las identidades políticas en la Argentina del siglo XX, Córdoba ect. (Universidad Nacional de Córdoba ect.), pag.28s.

^[4] Smulovitz, Catalina, “En busca de la formula perdida: Argentina, 1955-1966”, en: Desarrollo Económico, No 121 (abril-junio 1991), pag.113-124.

^[5] Cavarozzi, Marcelo, “Los partidos y el parlamento en la Argentina: un pasado de fracasos y un futuro cargado de desafíos”, en: Sábato, Hilda y Cavarozzi, Marcelo (comp.), Democracia, orden político y parlamento fuerte, Buenos Aires 1984 (Centro Editor de América Latina), pag.136-160.

^[6] Halperín Donghi, Tulio, La larga agonía de la Argentina peronista, Buenos Aires 1994 (Compañia Editoria Espasa Calpe Argentina S.A.).

^[7] Halperín Donghi, pag.49s.

^[8] Cavarozzi, pag.146.

^[9] Gordillo, Mónica, “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973”, en: James, Daniel, Nueva historia Argentina: violencia, proscripción y autoritarismo 1955-76, Buenos Aires 2003 (Sudamericana), pag.329-379.

^[10] Svampa, Maristella, “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”, en: James, Daniel, Nueva historia Argentina: violencia, proscripción y autoritarismo 1955-76, Buenos Aires 2003 (Sudamericana), pag.386.

^[11] En este contexto también vale la pena de mencionar hechos de acción como las aproximadamente 2000 “tomas” de hospitales, escuelas, diarios, fábricas ect., que no contribuyeron a estabilizar la situación sociopolítica de la Argentina después de la elección de Campora. Svampa, pag.400s.

^[12] Tcach, César, “Partidos políticos y dictadura militar en Argentina 1976-1983”, en: DuTrenit, Silvia (coord.), Diversidad Partidaria y Dictaduras. Argentina, Brasil, Uruguay, México 1996 (Editorial Instituto Mora), pag.27s. También: Cavarozzi, pag.147ss.

^[13] Svampa, pag.420s.

^[14] Aroskind, Ricardo, “El país del desarrollo posible”, en: James, Daniel, Nueva historia Argentina: violencia, proscripción y autoritarismo 1955-76, Buenos Aires 2003 (Sudamericana), pag. 63-115.

^[15] Sidicaro, Ricardo, “El régimen autoritario de 1976: Refundación frustrada y contrarevolución exitosa”, en: Quiroga, Hugo y Tcach, César (comp.), A veinte años del Golpe con memoria democratica, Rosario 1996 (Homo Sapiens), pag.9-25.

^[16] Quiroga, Hugo, El tiempo del proceso, Rosario 1996 (Fundación Ross), pag.58.

^[17] cit. en: Rock, David, Argentina 1516-1987. Desde la colonización española hasta Alfonsín, Madrid 1988, pag.453.

^[18] Sidarco, pag.14.

^[19] Quiroga, pag.54ss.